AC8501-2017

Radicación n° 15001-31-03-001-2012-00348-01


Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).


Se resuelve sobre la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por la parte demandada frente a la sentencia de 28 de agosto de 2017, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro del proceso de Responsabilidad Civil promovido por Anunciación Porras Otálora, Miguel Velosa, Víctor Velosa Porras, Janeth Velosa Porras, Nubia Esperanza Velosa Porras, Geovany Velosa Porras, Enrique Velosa Porras, Omar Darío Velosa Porras, Nelly Rocío Velosa Porras, Luz Dary Velosa Porras y Deysi Puerta Londoño contra José Mauricio Corredor Molano, Rosalba Emperatriz Silva de Parra, José Vladimir Silva Rincón, Diego Andrés Parra Silva y Cooperativa de Transportadores Flota Norte Ltda., sociedad que llamó en garantía a QBE Seguros S.A.


  1. ANTECEDENTES


1.        La pretensión del juicio mentado tiene por objeto que se declare a los convocados civil, extracontractontral y solidariamente responsables por la muerte de «María Elena Porras de Velosa y Elizabeth Velosa Porras; así como de las lesiones personales sufridas por Miguel Velosa, Nubia Esperanza Velosa Porras y Nelly Rocío Velosa Porras, en hechos ocurridos en accidente de tránsito».


En consecuencia, solicitaron que las convocadas sean condenadas a pagar los perjuicios materiales, daño emergente, lucro cesante, daños morales y a la vida en relación, descritos en el libelo introductor para cada uno de estos.


2.        La decisión definitiva en primera instancia la profirió el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja el 6 de octubre de 2016, en la que estimó parcialmente las pretensiones al declarar la responsabilidad civil reclamada con «reducción de los valores de la indemnización reconocida en un 40%, derivado ello de la advertida concausa en el accidente de tránsito» e imponer a los demandados distintas condenas respecto de cada interesado.


Frente al llamamiento en garantía efectuado a QBD Seguros, consideró probada la excepción: «prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro».


3.        El Tribunal, al resolver la apelación propuesta por los demandantes, mediante sentencia proferida en audiencia de 28 de agosto de 2017, revocó parcialmente la resolución de primer grado al desestimar la excepción de «hecho exclusivo de la víctima» e imponer condena indemnizatoria plena, esto es, sin reducción.


4.        Contra el aludido pronunciamiento del ad quem los demandados Diego Andrés Parra Silva, Rosalba Emperatriz Silva de Parra y José Vladimir Silva Rincón interpusieron recurso extraordinario de casación, ofreciendo caución para obtener la suspensión del cumplimiento de la sentencia, proceder que igualmente desplegó la codemandada Cooperativa de Transportadores Flota Norte Ltda., aunque sin petición de afectación a la ejecución.


En proveído de 15 de septiembre de 2017, estimando que se cumplían los requisitos legales, en particular la cuantía del interés para recurrir, determinada a partir de la «condena desfavorable a los demandados y recurrentes en casación, sin contar las costas, supera los $800.000.000», la Magistrada Sustanciadora concedió la impugnación extraordinaria del grupo de personas naturales, sin pronunciarse sobre la refutación de similar naturaleza de la sociedad comercial, igualmente integrante del extremo pasivo.


  1. CONSIDERACIONES


1.        De la prematura concesión del recurso de casación.


La naturaleza extraordinaria del recurso de casación exige el cumplimiento de rigurosos requisitos en lo que se refiere a la interposición y concesión, que no pueden ser obviados por quien profiere el fallo atacado, en tanto corresponde comprobar, entre otros aspectos, la oportunidad de su formulación, la naturaleza del asunto, el interés que asiste al impugnante y los efectos de la providencia cuestionada.


De igual manera, la decisión de admitir la impugnación extraordinaria concedida, supone un examen exhaustivo de que los pasos previos al arribo del expediente a la Corte se cumplieron correctamente; de no ser así, volverá al ad-quem con el fin de que subsane los aspectos que tornan prematura su concesión, pues como invariablemente lo ha dispuesto la Corporación, ese es el proceder pertinente cuando presupuestos como la cuantía del interés – en el evento que corresponda establecerla-, no se ha examinado o lo ha sido sobre supuestos notablemente equivocados (CSJ AC 31 jul. 2012, rad. 2012-00264-01; reiterado en AC6721-2014; AC1188-2015 y AC3910-2015, entre muchos otros).


Desde la perspectiva del Código General del Proceso, se ha reiterado la pertinencia de la declaratoria de prematuro para el otorgamiento del recurso de casación, en los siguientes términos:


«El artículo 342 en cita previene acerca de que la cuantía del interés para acudir en casación “fijada” por el Tribunal no puede ser materia de “examen o modificación” por esta Corporación; restricción que viene a ser análoga a la que existía en vigencia del Código de Procedimiento Civil, que en su canon 372 indicaba que “No podrá declararse inadmisible el recurso por razón de la cuantía”.


Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala, incluidos casos en los que la casación se planteó en vigencia del Código General del Proceso (AC4355-2016 y AC-3077-2016), ha entendido que esa barrera se erige como efectiva, si “la temática arriba a esta Corporación legalmente definida”, pues, no tendría ningún sentido guardar silencio o avalar una ponderación o mensura hecha “sobre bases irreales, lo cual, por sí, implicaría una decisión aparente o no definida” (CSJ AC de 11 de agosto de 2016, rad. 2007-00247-01)». (CSJ AC5735-2016, 1º sep. 2016, rad. 2007-00177-01).


2.        Interés para recurrir en casación.


Conviene señalar que el interés para recurrir en casación refiere a la estimación cuantitativa de la resolución desfavorable al momento de proferirse la sentencia objeto de la impugnación extraordinaria, la cual, para los eventos gobernados por las disposiciones del nuevo estatuto general de procedimiento, debe ser igual o mayor a «un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv)», cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, de conformidad con el tenor de la preceptiva 338 ibídem.


Sobre el concepto en comentario tiene dicho esta Corporación, que aquél «está supeditado a la tasación económica de la relación jurídica sustancial que se conceda o niegue en la sentencia, (…) a la cuantía de la afectación o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resolución que le resulta desfavorable, evaluación que debe efectuarse para el día del fallo» (AC6011-2015, reiterado en AC7638-2016, 8 nov. 2016, rad. 2012-00290-01).


Lo anterior implica, que cuando sea necesario establecer el aludido monto, este se determinará a partir del agravio o perjuicio que al recurrente le ocasione la decisión impugnada en el preciso contexto del litigio planteado, analizado el mismo en su dimensión integral, material y atendidas las singularidades del caso, tal cual lo ha reclamado la Sala:


«Uno de los aspectos a tener en cuenta para la concesión del recurso extraordinario de casación, corresponde al monto del perjuicio que la decisión atacada ocasiona al impugnante al momento que [esta] se profiere, para lo cual se debe apreciar la calidad de la parte, los pedimentos de la demanda, las manifestaciones de los oponentes y las demás circunstancias que conlleven a su delimitación, así como las decisiones definitorias, toda vez que las expectativas económicas de los intervinientes varían de acuerdo con las particularidades que le son propias a cada uno de ellos.» (CSJ AC, 28 sep. 2012-00065-01; reiterado en AC1849-2014, 10 abr. 2014, 2008-00347-01).


De manera que la actualidad de la afectación en su faceta patrimonial, constituye uno de los ingredientes determinantes de la viabilidad del indicado medio de impugnación, la cual debe apreciarse con estricta sujeción a la relación sustancial definida en la sentencia, en tanto que «sólo la cuantía de la cuestión de mérito en su realidad económica en el día de la sentencia, es lo que realmente cuenta para determinar el monto del comentado interés.» (AC 064, 15 may. 1991; reiterado en AC924-2016, AC1825-2016 y AC5019-2016).


3.        Caso concreto.


3.1.        En el presente caso, no es posible predicar que la Corporación de origen haya agotado debidamente su labor de verificar la totalidad de los presupuestos que habilitan la remisión del plenario a la Corte a fin de impartir trámite al recurso extraordinario de casación.


Ciertamente, en el proveído de concesión se advierten las siguientes deficiencias: (i) omitir pronunciamiento frente a la impugnación interpuesta por la codemandada Cooperativa de Transportadores Flota Norte Ltda.; (ii) pretermitir la resolución de la solicitud de suspensión del cumplimiento de la sentencia, formulada por los demás codemandados; y (iii) no agotar debidamente el examen del interés para recurrir en casación.


3.2.        Sobre el segundo de los aspectos destacados, corresponde precisar que, en principio, el recurso extraordinario de casación no impide la realización de los mandatos contenidos en la sentencia contra la cual se dirige (inc. 1º, art. 341 del C.G.P.); regla de la cual sólo se exceptúan algunos eventos concretos, a saber: (i) fallo que verse sobre el estado civil; (ii) sentencia meramente declarativa y; (iii) providencia recurrida por ambas partes.


Por ello, el legislador estableció una suerte de cargas y gestiones encaminadas a garantizar que el promotor de la impugnación extraordinaria provea lo necesario para la realización del fallo, sin perjuicio de la remisión del expediente original a la Corte para la tramitación a su cargo.


Una variable de la pauta enunciada, es la posibilidad que tiene el interesado de «solicitar la suspensión del cumplimiento de la providencia impugnada», potestad que trae aparejado el deber de ofrecer «caución para garantizar el pago de los perjuicios que dicha suspensión cause a la parte contraria, incluyendo los frutos civiles y naturales que puedan percibirse durante aquella» (inc. 4, ibídem).


Dicha prerrogativa debe ejercitarse franca y protagónicamente «En la oportunidad para interponer el recurso», sin perjuicio de que en esa precisa ocasión la invocación de la garantía también pueda formularse de forma subsidiaria o eventual, en el supuesto de que la tesis del impugnante sobre la improcedencia de la ejecución no sea acogida por el Magistrado Sustanciador.


En el presente caso, la presencia de petición irresoluta de suspensión del cumplimiento de la sentencia, respaldada en ofrecimiento de caución, es deficiencia que no puede superarse con la orden de expedición de copias ante la Corte que en aplicación de los principios de economía y celeridad viene dictando este Despacho en otros eventos.


En tal escenario es necesario devolver la actuación al Despacho de origen en tanto que las labores de fijación y calificación de la caución, así como el decreto de la suspensión, si fuera el caso, son de su exclusivo resorte, según lo establece el inciso 5º del artículo 341 del Código General del Proceso.


La anterior hermenéutica, ha sido defendida por la Sala desde la perspectiva de las previsiones del Código de Procedimiento Civil, y conserva vigencia en el estatuto actual, dado que respecto del particular tema aquí analizado no se evidencian variaciones significativas, siendo pertinente remitirse a lo entonces ilustrado (AC, 21 mar. 2014, rad. 1997-01939-01, AC2263-2015, AC6725-2016 y AC2849-2017).


3.3.        De otro lado, el escrutinio del interés cuantitativo para recurrir en casación, fue laborío indebidamente efectuado en tanto que no atendió el alcance de las sentencias de instancia y las posturas de las partes frente a dichos hitos, lo cual desvió el énfasis de la particular trascendencia del fallo para la parte demandada en el plano jurídico y económico.


Efectivamente, en su estudio, el Despacho de procedencia omitió considerar que la sentencia condenatoria parcial de primera instancia sólo fue apelada por el extremo activo en procura de una indemnización sin la deducción que estableció el a quo, mientras que los integrantes de la parte demandada no se alzaron frente a lo allí resuelto, esto es, mostraron su asentimiento o conformidad con el sentido y alcance de la tutela jurisdiccional brindada en el primer grado.


De manera que para los demandados, en las circunstancias descritas, la certera apreciación de la resolución desfavorable que alindera el interés cuantitativo para recurrir en casación, debe circunscribirse a la agravación que generó el fallo de segunda instancia respecto del estado de cosas previsto en la sentencia de primer grado que fue aceptado por dicho extremo pasivo, dado que lo determinante es apreciar la puntual y concreta «desventaja que le deriva la decisión» del Tribunal, que se insiste, no puede considerarse de forma aislada, sino en armonía con la postura adoptada frente a la resolución del a quo.


En esta clase de hipótesis, aunque desde la perspectiva del demandante, que en nada afecta el criterio sostenido, ha sostenido la Sala:


«El agravio para quien no apeló está constituido por aquello que recibió, esto es, por el monto de los perjuicios cuyo resarcimiento fue reconocido, y que, a la larga, fue revocado en la instancia superior. Desde luego, esa expectativa aparece recogida en el primer fallo dictado, y no en las pretensiones del libelo introductor, pues la ausencia de opugnación revela el alcance concreto de las aspiraciones del demandante y la extensión del agravio que aquél considera haber sufrido» (CSJ AC 8 sept. 2014, Rad. 2008-00697-01; reiterado enAC1825-2016, AC5735-2016 y AC5847-2017).


4.        Conclusión.


En suma, la habilitación de la impugnación extraordinaria devino prematura, lo cual impone devolver la actuación a la Corporación de origen para que de conformidad con los lineamientos pertinentes, en especial los aquí resaltados, determine la viabilidad del recurso y los demás aspectos relacionados.


  1. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE


PRIMERO.        DECLARAR PREMATURA la concesión del recurso extraordinario de casación en referencia.


SEGUNDO.        DEVOLVER el expediente a la Corporación judicial de origen para lo pertinente.




Notifíquese,





LUIS ALONSO RICO PUERTA

Magistrado